La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática.
A medida que el ejercicio del poder está más legitimado en la voluntad obtenida a través de un consenso social, mayores son la posibilidades de visibilizar las aspiraciones de los diferentes sectores sociales.
Puede decirse que la realización progresiva de los derechos humanos, está en relación directamente proporcional al aumento de la calidad de la participación ciudadana.
Sin embargo, prevalece en nuestra sociedad una marcada exclusión de la mayoría poblacional respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos públicos; de manera que, el consenso se reduce a minorías no representativas de la pluralidad de intereses societarios.
Una de las razones primarias para tal marginamiento, se desprende de la ausencia de información, e interiorización de la ciudadanía, sobre las posibilidades de nuestro marco jurídico en cuanto al reconocimiento formal de espacios de participación.
Por lo tanto, la presencia del ciudadano en las decisiones que le afectan, tanto individual como colectivamente, precisa de una adecuación funcional, en tanto en cuanto, facilite el acceso y la conformación no excluyente de centros de decisión a partir del nivel local, que en ultima instancia, también sean capaces de incidir en la formación de voluntad sobre las decisiones que exceden el ámbito del Estado-Nación.
De ahí la importancia de la participación ciudadana, a la cual el abogado costarricense Rafael González Ballar define como "un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve."
Podemos deducir de lo anterior, que la Participación es un proceso de generación de conciencia crítica y propositiva en el ciudadano. La participación no es realmente efectiva mientras no vaya modificando y ampliando las relaciones de poder.
El fin de la participación ciudadana no es tanto ella en sí misma, por cuanto que, la finalidad que debería perseguir es la mejora sostenible de las condiciones de vida de la sociedad.
¿Que opinan?
Rodrigo Baño aborda la definición conceptual del término participación ciudadana analizando las significaciones que en la práctica pueden tener determinadas tendencias de acción. La noción de participación ciudadana es relativamente reciente y carece de una definición precisa, normalmente se hace referencia a ella considerándola, gruesamente, como una "intervención de los particulares en actividades públicas en tanto portadores de intereses sociales". Tal definición es suficientemente amplia como para abarcar una gran cantidad de formas de participación de distinto origen, empleando diversos medios, por diferentes órganos, cumpliendo distintas funciones, en numerosos niveles y otras especificaciones, con lo cual la especificidad de la participación ciudadana se escapa, y produce serias dudas acerca de la utilidad del término. Sin embargo, la propuesta de participación ciudadana se presenta en la actualidad con una alta carga valorativa, de manera que no se cuestiona su bondad, sino que sólo se discute acerca de la mejor forma de impulsarla y desarrollarla. Es muy posible que esta aparente deseabilidad generalizada se deba a que se atribuye a tal denominación muy distintas significaciones.
Vladimiro Sáez aborda el tema de la participación ciudadana en la gestión pública a partir de un esquema que define dos finalidades principales de las instituciones estatales, las cuales asocia a dos funciones.
- La primera finalidad es satisfacer las necesidades de la población, la que se vincula con la función de Administración.
- La otra finalidad es representar los intereses, prioridades e identidades de la ciudadanía, y ésta se relaciona con la función de Gobierno.
Fernando Castillo, sostiene que los conceptos de ciudadanía y de participación ciudadana, presuponen que los miembros de la sociedad están premunidos de ciertos derechos que les permiten incidir en algunas instituciones del Estado, en la toma de decisiones, o en la realización de determinadas políticas. Ciudadanía es así una dimensión de un determinado tipo de relación entre Estado y sociedad, que se hace posible sobre la base de un cierto grado de integración social y política en la sociedad. El reverso de esta medalla - y lo que predomina ampliamente en las sociedades latinoamericanas - es la exclusión social y política de amplios sectores sociales. La ciudadanía en América Latina es débil, fragmentaria e inestable. En este sentido, puede resultar pertinente referirse a experiencias de participación como la de las comunidades de base, que tienen lugar en contextos fuertemente marcados por la exclusión. La cuestión es si ese tipo de experiencias tiene algo que decir a aquellas otras que se dan en el contexto de integración y ciudadanía.
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